Estado Fascista, Estado Racista, Estado Colonial


AITOR JIMÉNEZ y PEDRO JOSÉ MARIBLANCA 


La manera en la que se ha redactado la última reforma de nuestro código penal despeja las dudas del nuevo paradigma jurídico en el que nos desenvolvemos: “La Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 de septiembre de 2014, recoge la honda preocupación de la comunidad internacional por el recrudecimiento de la actividad terrorista y por la intensificación del llamamiento a cometer atentados en todas las regiones del mundo.”

Quizás, la que es la reforma más limitadora de los derechos y libertades tanto individuales como colectivos desde el fin de la dictadura se abroga sin tapujos en el discurso de la defensa de los Derechos Humanos, para pasar a cercenarlos. Decir que España se está convirtiendo en un estado fascista es un anacronismo fácil, un ejercicio panfletario de primer nivel, o eso al menos podría parecerles a aquellas personas que no se desvían de la categoría de la normalidad política, de la normalidad social.

Para aquellos que están movilizados políticamente más allá del electoralismo tan en boga, poner una pegatina, una sola, en un lugar poco visible de un pequeño pueblo de Euskadi ha supuesto la condena a un año de prisión además de la inhabilitación absoluta por siete años (lo que puede destruir una carrera profesional) con la propina de tener que correr con las costas de juicio. No pretendemos señalar aquí de nuevo lo que se ha dicho en tantos lugares, que la reforma penal es represiva hasta límites vergonzantes. Pero a veces es bueno recordar que en el último año han sido condenadas personas sin más delito que verter sus opiniones en facebook y twitter. Frases como “En San Juan quiero quemar a todos éstos chupópteros del primero al último junto a una imagen de la familia real al completo” o " No sé por qué criticamos a ETA, si es la organización que más ha combatido los coches oficiales" han acarreado penas de prisión (por ejemplo, sin ser ni mucho menos extensivos pueden verse las sentencias de la Audiencia Nacional 30/2015; 37/2015; 51/2015).

España cuenta ahora mismo con el privilegio de ser uno de los pocos países abiertamente en guerra contra el rap político. Existe ahora mismo una sentencia firma contra el rapero Pablo Hasel, y un procedimiento en marcha contra el rapero Valtonyc, como sabemos se intentó contra el cantante de Def Con Dos, Cesar Strawberry pero la presión mediática impidió al igual que con el contemporáneo caso de Guillermo Zapata (político pero no rapero) su condena pública.

Letras como la que siguen han sido suficientes para que la Audiencia Nacional condene a dos años de prisión además de 10 años de inhabilitación absoluta (a no ejercer profesionalmente) al rapero Pablo Hasel: "Por obligación moral me revelo.- El Rey se va de putas, le invita el pueblo.- Estamos rodeados de mercenarios sin alma.- Al servicio del imperio y su banca ensangrentada.- Muerte a la élite capitalista, ¡muerte!- Será un honor que me llaman terrorista.- Donde muchos comunistas ni conocen a los GRAPO.- Yo si respeto a quien más de un cerdo mató.- Cuando reparos reniegan del hip hop revolucionario.- Uno se plantea si poner bombas o subir a un escenario".

En la sentencia del Tribunal Supremo 106/2015 se da cuenta del recurso de casación que se interpone en nombre de Pablo Hasel contra la sentencia antes citada. Los argumentos del recurrente eran claros, y en principio obvios. ¿Que no vivimos en un estado de derecho, de libertad de expresión, de imperio de la ley y respeto a los derechos humanos?: “Denuncia vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión, comunicación e información, con infracción del art. 20 C.E., del art. 10 del Convenio de Roma para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, del art. 19.2 del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, del art. 19 de la Declaración Universal de los derechos humanos de 1948 y del art. 11.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.”

La sentencia desestimatoria del recurso desarrolla con claridad los argumentos que permiten limitar todo este ejercicio de derechos. Aún más, hace explícito el carácter orwelliano de los mismos, donde en la suspensión de derechos encontramos la base fundamental de la realización de los mismos. La paz es la guerra.

La base ideológica de la reforma penal además de muchas de las últimas sentencias se desarrolla en torno a la idea de combatir el “discurso del odio”. ¿Qué es el odio según nuestros tribunales? Veamos lo que dice a Sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007 de 7 de Noviembre: “(...)es decir la alabanza o justificación de acciones terroristas que no cabe incluirlo dentro de la cobertura otorgada por el derecho a la libertad de exposición o ideológica en la medida que el terrorismo constituye la más grave vulneración de los Derechos Humanos de aquella Comunidad que lo sufre, porque el discurso del terrorismo se basa en el exterminio del distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político y en definitiva en la aterrorización colectiva como medio de conseguir esas finalidades.”

Sin tapujos el Tribunal Supremo en sentencia antes citada refiere: “No se criminaliza el sentimiento del odio, que como tal en tanto permanezca oculto en el interior del ser humano que fuera de la respuesta penal porque los pensamientos no delinquen, sino que lo que se criminaliza son hechos externos que ensalzan tal odio y que constituyen hechos, tipificados como tales en el C. penal en el art. 578.”

El odio en silencio es buen odio. Parecen decir nuestros tribunales, más aún, cuando se trata de un odio dirigido políticamente a cuestionar las ideas del modelo hegemónico.

Pero más allá de los argumentos de los tribunales, cabe reflexionar en el carácter de esta cruzada contra el odio. El sentimiento inquisitorial contra el odio no responde a una iniciativa del estado, si no de determinados movimientos sociales, que bien podrían ser considerados sus aparatos. ONG'S como Movimiento contra la intolerancia mantienen que: “Tras la positiva presentación por el Gobierno del Informe sobre Delitos de Odio, con independencia de los interrogantes que plantean los datos y limitaciones obvias constatables por falta de denuncias o de la propia construcción de un informe primerizo con evidentes lagunas conceptuales, hay que valorar la voluntad política del Ministerio del Interior de poner en la agenda institucional un problema que durante más de 20 años no ha sido debidamente reconocido en nuestro país”.

Esteban Ibarra, reconocido activista en la lucha contra el racismo se congratula de la reforma del Código Penal que recoge esta tipología de delitos. No pretendemos señalar aquí a esta organización ni a ninguna otra como culpable de la violación de derechos que practica el estado, el estado es el único responsable. Pero si parece necesario revisar los argumentos, las formas y mecanismos con que las agrupaciones y ONG'S apelan al estado en búsqueda de soluciones. El afán de corrección política, de buen comportamiento, de control del pensamiento. La pretensión de acabar con los mensajes xenófobos, homófobos, islamófobos, ha empujado a algunas organizaciones a celebrar legislaciones represivas que condenan el mero hecho de expresar pensamientos, de organizarse políticamente. Las leyes que ellos reclamaban contra el fascismo, contra el racismo se han vuelto contra los militantes antirracistas, antifascistas, antipatriarcales. Apelar al estado en búsqueda de justicia cuando es este sin duda actor, juez y parte dentro de la gran red de discriminación y destrucción de pueblos no parece la jugada más inteligente.

El lenguaje humanitario de respeto a los Derechos Humanos, ha llevado desde sus inicios a la justificación de la guerra humanitaria, a la intervención preventiva. En nombre de los derechos humanos se han legitimado invasiones, celebrado golpes de estado y de gobierno. Es un lenguaje dúctil permeable, útil a quien controla los resortes para aplicar el derecho. Pensemos en todo el ámbito que regula los Centros de Internamiento para Inmigrantes. Como sabemos en España uno no puede ser condenado si no incide en una pena, en un delito. Es un axioma de nuestra legalidad, un fundamento básico amparado constitucionalmente. El eufemismo de limitación de la circulación, control de movilidad, o la intervención por razones humanitarias ha permitido el encarcelamiento de personas, sin trámite judicial alguno.

¿Y qué decir de la mera noción de ciudadanía europea? En las últimas semanas hemos visto la flexibilidad de los pactos, la versatilidad de las soberanías en función de los anhelos políticos de las clases dirigentes de los países ricos del norte. Desde la cuestión de la crisis Griega a las de los refugiados pasando por el último golpe de estado/mano en Portugal. En el vaivén de las inclusiones-exclusiones acerca de lo europeo y la europeidad se ha visto como algunos son más erupeos que otros. Como unos merecen poder tomar decisiones y como otros deben de ser decididos.

La Unión Europea se define en su Tratado de la siguiente manera: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.” y más adelante expone que: “ La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.”

Pero lo que hemos tenido oportunidad de ver en los últimos meses es más bien otra cosa. La Unión Europea se configura ante el mundo como un espacio de privilegio que garantiza a sus ciudadanos legítimos la pertenencia al primer mundo, por más que esté en continua precarización no deja de ser un valor. Son los países centrales de la Unión Europea los únicos habilitados para decidir y definir lo que es o no europeo. Ellos son los que articulan la europeidad misma. Turquía es una muestra de ello. Tras haber sido vergonzosamente despojado de su europeidad política por no cumplir con los requisitos de turno parece que ahora Alemania la tiene de nuevo en consideración al calor de su reposicionamiento geopolítico y su posicionamiento con la cuestión Siria. ¿Y qué hay de la cuestión Griega? El mensaje Alemán es claro: “Nosotros, los verdaderos europeos, alemanes que respetamos a las minorías, os dejamos entrar en nuestro club de privilegio blanco-sic europeo, pero se trata de una europeidad honorífica, una europeidad garantizada por el pacto de fidelidad que os somete a nuestros criterios económicos”. Algo semejante sucede con los países del este, ese vasto campo que parece no tener fin y que a veces se detiene en Ucrania, otras en Rusia y otras se aventura al calor del Consejo Europeo hasta Kazajistan.

Alemania ha dejado claro en su gestión de la crisis de los refugiados que es ella la verdadera Europa, la única que puede decidir cuándo y cómo debe intervenir Europa en el extranjero. Y como una vez practicada la intervención como habrá que proceder a gestionar con la población despojada. El discurso compartido por los partidos hegemónicos de Alemania, hay que respetar, no hay que caer en el discurso del odio, no consigue ocultar el hecho de que Alemania ha adquirido a precio de saldo a las élites formadas sirias, próxima clase subalterna precarizada, hiperregularizada, distribuida según criterios estrictamente capitalistas. Y que además habrá de estar agradecida no solo debe ayudada por aquellos que fomentaron la destrucción de su país, sino por aquellos que les van a explotar en el futuro.

Entre los primeros párrafos de este breve escrito y estos últimos hay una misma idea latente. La que abroga al estado, sea Español, Alemán o Europeo, para definir lo que es civilizado, humanitario y racional. Mediante el discurso de Derechos Humanos se ha permitido en España elaborar la ley penal más represiva desde el final de la dictadura. Mediante ese mismo discurso se ha permitido encerrar a millares de seres en cárceles para migrantes. Con ese discurso se ha destruido una nación prospera. Y con esas palabras que en teoría combaten el odio, se están trazando las líneas de explotación para un pueblo despojado.

Se escribe este artículo mientras gotean las noticias tras las últimas detenciones de Anarquistas en Cataluña. Se trata del (por ahora) último acto de ese teatro represivo en que se ha convertido la justicia europea. Una justicia que sabe concebir un espacio de privilegio y otro de represión. Un espacio hipócrita que permite el desfile de toda la clase dirigente en nombre de la libertad de expresión “Je suis Charlie Hebdo” y que al otro instante posibilita la detención por twits, por migrar, por ser. Europa vive colonizada por su fantasma, su clase política esta aplicando punto por punto lo que llevaba años, siglos desplegando contra las poblaciones colonizadas sometidas. Experimentamos ahora en nuestras carnes el residuo de las prácticas coloniales desplegadas por nuestros jefes, nuestros banqueros, nuestros políticos, nuestros generales a lo largo y ancho del globo. Experimentamos ahora cada vez más de cerca, pero todavía no con suficientemente intensidad la exposición de nuestros cuerpos desnudos ante lo implacable de una vida que se escapa a nuestro control.

Una vida entregada a la duda, a lo esquivo, a la falta de certezas, a la inseguridad económica, política, afectiva. Un estado que ante todo nos pide nuestro amor. Nuestra lealtad, nuestra pasión y devoción. Llámalo España, llámalo Cataluña, llámalo Europa.

Podrán prohibirlo, pero no por ello dejará de ser menos necesario expresarlo: Un estado así merece ser odiado.


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