Democratizar la Justicia


TERESA SANJURJO, AITOR JIMÉNEZ y EDUARDO GOMÉZ


Nuestro país ha conocido una “transición económica”, una transición generacional y una “transición política”, pero por desgracia nada que se aproxime a una transición de la justicia.

Los mismos jueces encargados de hacer valer la legislación franquista, de sentenciar por delitos políticos, de condenar por aborto, por adulterio. Los mismos jueces que veían indecente la homosexualidad, y que hacían de la pobreza expresión de vagancia. La misma justicia que trató de delincuentes a los toxicómanos es la que hoy en día se perpetúa en los juzgados.

Hoy más que nunca es necesaria una transición en la justicia. Un cambio que elimine de una vez por todas el legado del autoritarismo, de la represión, de la arbitrariedad en las leyes; en su planeamiento, en su aplicación y, sobre todo, en los valores que la informan. Un cambio que deje de hacer actual el hecho de que “la justicia no es igual para todas las personas”.

Las últimas horas han sido particularmente inquietantes. Dos jóvenes artistas han sido encarcelados por realizar una sátira sobre la represión en el Estado español, mientras que cientos de políticos investigados por robo, corrupción y prevaricación permanecen libres, gozando de los privilegios que ellos mismos se otorgaron. La sátira se reproduce en su realidad más cruda; privados de su libertad, por un sistema judicial que ha decidido que no todas podemos hacer uso de nuestra libertad de expresión. La sátira deviene en un drama ante el que no podemos, no debemos, ser espectadores pasivos. Es por ello que se hacen necesario tomar algunas medidas y entre ellas, proponemos las siguientes:

1. DEMOCRATIZAR EL PODER JUDICIAL

Un proceso para la democratización de la justicia debe comenzar por revisar el mismo gobierno de los jueces. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes es decir, los valores fundamentales que componen el espíritu de la justicia en democracia sólo seran efectivos cuando exista una garantía real de independencia judicial. Ningún partido, ningún parlamento esta en condiciones de poder garantizarla. Es preciso construir las herramientas para que el poder judicial sea elegido y responda ante el pueblo. Una democracia fuerte, una democracia sana, no debe temer reconocer la soberanía popular y hacerla efectiva permitiendo que sean los ciudadanos los que determinen la composición del gobierno del poder judicial. Un gobierno que no sea monolítico si no abierto. Capaz de reflejar la pluralidad de naciones, de pueblos y de gentes que componen nuestro Estado.

Del mismo modo es intolerable que en Democracia siga existiendo un tribunal de excepción como lo es la Audiencia Nacional. Las entidades territoriales cuentan ya con la suficiente estructura para defender con firmeza el Estado de derecho y el imperio de la ley. No existe ninguna legitimación que permita validar la existencia de un tribunal constituido desde y para aplicar el derecho penal del enemigo.

2. DEMOCRATIZAR LA MEMORIA

Democratizar la Justicia implica necesariamente que todas y cada una de las personas que forman parte de la judicatura ostenten un incuestionable historial democrático. Aquellas personas que se formaron durante el régimen dictatorial del general Franco deberán demostrar su conocimiento y lealtad a los valores de la democracia. Es preciso establecer los mecanismos para examinar si estas personas son conocedoras del marco jurídico internacional de Derechos Humanos que forma parte integral de nuestro ordenamiento, y son sinceros y firmes ejecutores de sus postulados. Si estas personas, por conciencia o ineptitud, no demuestran lealtad y conocimiento del marco de respeto a los derechos y libertades fundamentales deberán ser cesados de inmediato en sus cargos.

3. DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA JUDICATURA

Nuestros jueces viven aislados de la realidad. El propio mecanismo de selección de los mismos incentiva la reproducción de verdaderas castas judiciales, con sagas familiares que se remontan a decenas de años. Los procesos de oposición actuales incentivan una forma de justicia memorística, que distancia a los candidatos a juez de la realidad. Durante estos periodos formativos no existen apoyos económicos, de modo que sólo aquellos que pertenecen a familias privilegiadas pueden permitirse el lujo de opositar. Debemos buscar una forma de elección de los jueces que garantice el acceso igualitario de todas las personas con la formación específica a las oposiciones. Debemos ajustar el proceso de selección y los contenidos sobre los que se les evaluará a las necesidades reales de la población. Una judicatura diversa, cercana, plural, conocedora de los problemas de las personas. Una judicatura que no perpetúe el privilegio de clase, si no que sea devota en exclusiva a la Justicia, y que huya del positivismos insensible a las realidades sociales.

4. DEMOCRATIZAR LAS ENSEÑANZAS LEGALES

Nuestras facultades de Derecho viven inmersas en el escolasticismo medieval. Salvo honrosas excepciones las mismas metodologías, los mismos sistemas de enseñanza enrarecidos. Los mismos contenidos apenas si revisados y ajustados al nuevo marco son inculcados, que no enseñados a los futuros operarios jurídicos. Nuestras abogadas y abogados, fiscales, jueces y magistrados aprenden normativas de manera descontextualizada. Se aprende el derecho pero no su relación con la sociedad, es decir, lo que debiera de ser la Justicia. Los Derechos Humanos, eje ordenador de nuestro ordenamiento, parte integral de todo Estado de Derecho figuran marginales en los programas de estudio. No hay mas vínculo entre las Facultades de Derecho y la sociedad que unas efímeras prácticas sin remuneración en el último año de formación del estudiantado. Debemos crear las formas que lleven a tierra el conocimiento jurídico. Que humanicen la cultura legal. Debemos construir una formación legal que haga de los Derechos Humanos su centro, pero también no su periferia. Que haga de las personas y no las instituciones el fin de la justicia. Un derecho al servicio de la gente.

5. DEMOCRATIZAR LA LEGISLACIÓN

Es imprescindible abordar de una vez por todas una legislación construida íntegramente en y para la Democracia. Debemos hacerlo no como mero remiendo a los decimonónicos códigos. Ni como instrumentos al servicio de las cruzadas contra el terrorismo del gobierno de turno. Es el momento de aprobar normativas que sirvan para su cometido original: salvaguardar nuestros derechos, los que ostentamos como sujetos pero sobre todo como comunidad diversa y plural. Un nuevo código civil que no sacralice la propiedad, como derecho intangible y cuasi divino. Un código mercantil que no se entregue sin más a la empresa privada, obviando a la sangre que fluye por las venas de esas sociedades, que no es otra que sus trabajadores y trabajadoras. Un código penal que no lo sea del enemigo, y que no llene las carceles de presos sociales. Una legislación laboral que defienda a las trabajadoras remuneradas o no. Y desde luego, instrumentos procedimentales que no hagan de la burocracia un nuevo instrumento de injusticia. Que no hagan de los procesos penales escenificaciones del poder. Ordenamientos que cuiden los detalles por que se piensen para las personas. Es un atentado contra las garantías procesales que juez y fiscal en un procedimiento penal se representen como herramienta de un mismo objetivo. Que parezcan formar parte del mismo equipo acusador.

6. HUMANIZAR LA JUSTICIA

En nuestro proceso de secularización hemos sustituido un viejo dios por varios y nuevos dioses; la autoridad que nuestro ordenamiento confiere a los jueces ha confundido su labor, no estando –muchas veces– al servicio de la sociedad, olvidando que tratan con personas; personas que sufren, lloran, viven y mueren afectadas por sus decisiones. Es preciso que la justicia, encarnada en la judicatura, mire a las personas no como imputados, investigados o procesados, si no como seres humanos con todo lo que ello conlleva. Contamos con excelentes jueces y juezas que saben aplicar justicia con humanidad, con equidad. Pero por desgracia hay una mayoría que considera que la plaza que ostentan, por delegación del pueblo, lo es por gracia divina. La judicatura merece sin duda las más altas dignidades pero ningún privilegio. En sus manos está decidir sobre la libertad, sobre la prisión. Sobre custodias, sobre responsabilidades y sobre culpas. Ostentan una pesada carga que es necesario alivianar con el preciso apoyo de la gente. Una justicia más humana debe implicar mayor diálogo, menor judicialización, más oportunidades de negociación y, desde luego, un mayor protagonismo de la población. Una justicia humana debe ser libre, gratuita y comunitaria. Accesible. Dotada de los recursos adecuados de los que muchas veces carecen. Una justicia humanizada es una justicia democratizada.

(*) Teresa Sanjurjo, Aitor Jiménez y Eduardo Goméz son abogados


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