España: la imposible reforma constitucional

TEODORO SANTANA 


La progresiva descomposición política del régimen español ha venido acompañada de continuas menciones, cual bálsamo de Fierabrás, a una hipotética reforma de la Constitución de 1978, pactada en su día con los poderes del fascismo bajo la vigilancia de los cañones del ejército. Precisamente por ello, tal constitución se redactó para que fuera irreformable en todo aquello que pudiera afectar al poder omnímodo de la oligarquía española y de sus mecanismos de control absoluto.

Aunque la Constitución española es fácilmente reformable en algunos aspectos –y, de hecho, ya se han realizado un par de cambios–, si se quieren tocar cuestiones importantes (monarquía, concepto de soberanía y administración territorial, poder judicial, derechos, etc.) ha de hacerse por el llamado “procedimiento agravado”.

Esto supone que la reforma necesita, primero, una mayoría de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado. A continuación se procedería a la inmediata disolución de las Cortes y a la celebración de elecciones generales. El nuevo Congreso deben ratificar la reforma por mayoría simple, pero el Senado tiene que hacerlo por mayoría absoluta. Pero ahí no queda la cosa. Tras todo este lío, ambas cámaras han de debatir de nuevo la reforma y volver a aprobarla cada una de ellas por mayoría de dos tercios. Para finalizar, ha de ser sometida a referéndum para su ratificación.

“Todo atado y bien atado”, como se ve. Desde luego, es impensable que la oligarquía imperialista española vaya a permitir la más mínima grieta en su poder absolutamente blindado. No es, precisamente, una burguesía acostumbrada a las negociaciones y los compromisos. Lo quieren todo, absolutamente todo y en todo momento. Y para los demás, “obedecer y callar” o atreverse a las dentelladas de la falange judicial.

Pero imaginemos que, por alguna misteriosa debilidad, a los partidos del régimen se les ocurre una reformita constitucional y que tengan que someterla a referéndum, bien por alguno de los artículos a los que afecte, bien porque haya un diez por ciento de diputados que lo exijan. ¿Se arriesgarían?

Permítanme que lo dude. Sin república, sin derecho a la autodeterminación y sin desmantelamiento de la administración judicial franquista, muchos aprovecharían (aprovecharíamos) para votar “No” a tal reforma. Y no parece que la oligarquía española esté por medir abiertamente el apoyo popular al régimen. Así que, aunque tal vez fuera hasta divertido, es improbable que se corriera semejante riesgo.

Mientras tanto, la supuesta “reforma constitucional” seguirá siendo la zanahoria para engatusar a los descontentos. El palo ya lo ponen ellos.

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