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Bill Gates, agricultor africano

diciembre 02, 2019

ALEJANDRO NADAL


Hace 15 años el multimillonario Bill Gates anunció que “la revolución verde había dejado de lado al continente africano” y comenzó una cruzada para llevar los beneficios de esa transformación productiva a toda África.

A partir de los años 1960 la revolución verde permitió incrementar de manera importante los rendimientos (toneladas por hectárea) de ciertos cultivos clave, en especial trigo y arroz, en algunas regiones de India. Esos aumentos se debieron a un paquete tecnológico que incluía el uso de semillas de alto rendimiento, insumos agroquímicos y, por supuesto, inversiones en irrigación. El crecimiento de los rendimientos puede atribuirse casi por igual al empleo de semillas mejoradas, fertilizantes e irrigación.

Estos son los beneficios que tanto impresionaron a Bill Gates. Desgraciadamente, Gates no leyó con atención las señales que estaban en el campo en toda África. El mensaje era claro: no es que la revolución verde hubiera pasado de largo a África. Simple y sencillamente, había fracasado.

Entre 1980 y 2004 el Consejo Consultivo de Centros de Investigación Agrícola Internacional (Cgiar) invirtió 160 millones de dólares anuales en transformar y modernizar la agricultura en África. Con esas inversiones no es posible afirmar que la revolución verde simplemente había ignorado al continente africano. La realidad es mucho más compleja e interesante. Pero Bill Gates prefiere configurar otra narrativa más a su gusto.

La revolución verde vino acompañada de varios problemas graves. Sin los insumos de agroquímicos y la irrigación, los rendimientos no podían aumentar y las semillas maravilla se quedaban sin rendir sus frutos. Por ese motivo los beneficios fueron para los agricultores más privilegiados. De hecho, muchos de los campesinos más pobres perdieron sus tierras al no poder enfrentar el peso del endeudamiento para pagar los insumos. Esto condujo a una mayor concentración de la tierra. Por el lado de la huella ecológica, la revolución verde y sus insumos químicos dejaron cuerpos de agua contaminados, suelos maltratados por la falta de rotación de cultivos y una fuerte erosión genética. En India había alrededor de 30 mil variedades de arroz utilizadas en la producción antes de la revolución verde. En la actualidad, la cosecha en ese país se produce a partir de unas 10 variedades.

Con este saldo es difícil imaginar que alguien quisiera repetir la experiencia en África. Pero en 2006, la Fundación Gates lanzó su iniciativa “Alianza para la revolución verde en África” (Agra). Su objetivo: duplicar los rendimientos e ingresos de más de 30 millones de hogares rurales en el continente para 2020. En estos días se ha dado a conocer una investigación de Tim Wise (Universidad de Tufts y Small Planet Institute), en la cual se demuestra que después de 10 años de inversiones multimillonarias las metas de la iniciativa Agra están lejos de ser alcanzadas. El análisis examina información a escala nacional para los 13 países cubiertos por Agra y también evalúa datos a nivel hogar en tres de ellos: Malawi, Zambia y Mozambique. (Este importante documento está disponible en afsafrica.org).

Wise demuestra que existe poca evidencia de que Agra esté en camino de hacer realidad sus objetivos sobre rendimientos e ingresos. Cuando se encuentran señales de progresos en esos rubros eso se debe a la existencia de programas gubernamentales de subsidios para la adquisición de insumos: la difusión del paquete tecnológico de Agra no se llevaría a cabo sin esos subsidios.

Se puede pensar que buscar una solución tecnológica para cualquier problema es el sesgo natural de una persona con la formación de Bill Gates. Pero quizás hay algo más profundo. En 2010 la Fundación Gates invirtió 23 millones de dólares en la compra de 500 mil acciones de Monsanto, el gigante de las semillas transgénicas y los agroquímicos como el glifosato. Desde entonces la postura respecto de los transgénicos ha sido ambigua, pero hoy se sabe que Agra también incluye ese tipo de semillas en sus programas de difusión tecnológica.

Lo más grave de Agra es que deja de lado otro tipo de trayectorias tecnológicas que son más eficientes para el manejo de agua, suelos y recursos genéticos. Por ejemplo, técnicas de permacultura y agroecología ya son aplicadas en muchas regiones de África y han demostrado ser más eficientes y menos agresivas con el medio ambiente.

Estas técnicas conservan la agrobiodiversidad y son además intensivas en trabajo, lo que permite crear y conservar empleos en el medio rural y proporcionan una mayor soberanía en las decisiones de los agricultores sobre la mezcla de producto y las técnicas de producción.

Organizaciones como Vía Campesina y la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África son dos ejemplos de organizaciones que buscan construir desde abajo opciones que son tecnológicamente sanas y socialmente responsables. A final de cuentas, Bill Gates prefiere buscar la solución que desea el capital: apropiarse del proceso productivo campesino y convertirlo en un espacio de rentabilidad.


[Twitter: @anadaloficial]



Bolivia: los errores ingenuos de Evo Morales

noviembre 28, 2019

VICKY PELÁEZ

Si se tiene un buen conocimiento de los medios de que dispone el enemigo,
las pérdidas podrían ser menores
(Victor Serge, 1890-1947)

Evo Morales, el gran líder que logró sacar a su país de la extrema pobreza y convertirlo en un ejemplo de desarrollo económico y social en América Latina, debe reconocer que pecó de ingenuo al creer que su código de ética y su amor a la Pachamama serían comprendidos por la mayoría de sus paisanos y respetado por los extranjeros que ambicionaban todos sus recursos.

No calculó bien la capacidad destructiva de sus enemigos y no se preocupó por preparar a su pueblo para defender su revolución al enfocar toda su energía y su capacidad organizativa al crecimiento de la economía y del bienestar de su pueblo. Tanto él como su segundo, Álvaro García Linera, subestimaron las señales de peligro y no se prepararon para el golpe que se preparaba y ya estaba prácticamente anunciado desde hacía años.
Ahora, el poder norteamericano —y especialmente la CIA y la DIA— debe de estar de fiesta al lograr tumbar por fin a ese indio Evo Morales que se atrevió durante 13 años a construir un Estado plurinacional orgulloso y soberano desafiando a Washington y, en especial, a las transnacionales al cortarles acceso casi gratuito a los yacimientos de gas, de uranio y de metales estratégicos como el litio, el indio, el galio.

Desde la llegada al poder de Evo Morales el 22 de enero de 2006 comenzó la conjura de Estados Unidos con su servil OEA, los servicios de inteligencia norteamericanos, las fundaciones tipo Jubilee Foundation, las ONG como Standing Rivers, la Iglesia evangélica nacional e internacional, los Comités Cívicos bolivianos, la Embajada norteamericana en La Paz y los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

Todos los golpes requieren bastante preparación y entrenamiento para poner en marcha acciones bien organizadas tanto de los grupos civiles locales como de los paramilitares, que en el caso de Bolivia querían entregar su país a Estados Unidos a cambio de obtener acceso al poder y negocios.

El Gobierno de Evo Morales sabía perfectamente de este proceso en Bolivia después de que la Unidad Táctica de la Resolución de Crisis de la Policía abatiese el 16 de abril de 2009 a una célula paramilitar compuesta por el boliviano-húngaro Eduardo Rozsa Flores y por los mercenarios europeos Michael Dwyer (irlandés) y Árpád Magyaros (rumano-húngaro). Estos terroristas fueron contratados por el empresario y hacendado croata-boliviano Branco Marincovik con el propósito de asesinar a Evo Morales y provocar un golpe de Estado y la secesión de los departamentos de la llamada Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni) formando un nuevo país.

En 2008 los servicios de inteligencia de Cuba y Venezuela advirtieron a Evo Morales que no debía confiar en la mayoría de los oficiales de alto grado de las Fuerzas Armadas debido a su adoctrinamiento pronorteamericano que recibieron en la Escuela de las Américas (SOA). Precisamente aquel año Evo Morales tomó la decisión de no enviar más a los militares bolivianos a la SOA. Pero no se atrevió a reformar a las instituciones militares inculcándoles valores plurinacionales.

Recién en 2016 fue creada la Escuela de Comando Antimperialista General Juan José Torres Gonzales, donde el tema Geopolítica del imperialismo fue designado como un curso obligatorio. El 9 de agosto de 2019, ya informado sobre ciertos movimientos sospechosos en las Fuerzas Armadas Evo Morales propuso crear un Comando Sur Antimperialista junto con la participación de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

No obstante, el golpe de Estado ya llevaba varios meses gestándose. El encargado de negocio de la Embajada norteamericana en La Paz, Bruce Williamson, coordinó los últimos detalles de la destitución de Evo Morales con el comandante en jefe der las Fuerzas Armadas bolivianas, el general Williams Kaliman. (TV Mundus, Argentina, 14 de noviembre 2019). Los estrategas de Washington designaron al ejército boliviano como nudo central del golpe, siendo los Comités Cívicos organizadores y ejecutores de actos de protesta, violencia, saqueos y todo tipo de acciones para desestabilizar al Gobierno de Morales, descabezar el proceso de cambio desde sus funcionarios hasta los líderes políticos y no permitir su reelección. Inclusive ya estaba planificado que el primer presidente indígena de Bolivia repitiera el destino de Muammar Gadafi y Sadam Hussein (CounterPunch, noviembre 2019).

Cuando en agosto de 2018 el periodista mexicano Luis Hernández Navarro preguntó a Evo Morales en Cochabamba sobre la posibilidad de un golpe de Estado, el mandatario le contestó: "No creo que haya golpe militar, pero intentarán una convulsión nacional… La embajada de EEUU busca cómo convulsionar el país. Pero han fracasado, fracasado y fracasado porque estamos con la verdad. Es la gran ventaja que tenemos" (La Jornada, México, 12-11-2019).

Se equivocó Morales, pues su verdad y su código de ética basado en los principios de la igualdad, del patriotismo, del decir siempre la verdad, u de no robar y proteger a la Pachamama eran opuestos drásticamente a la verdad de la oposición, deseosa de conservar y aumentar sus privilegios económicos y sociales aunque a costa de la soberanía nacional.

Por lo visto, no ha leído el mandatario boliviano ni su segundo, Álvaro García Linera, el ensayo del revolucionario ruso Víctor Serge Lo que cada revolucionario debe saber sobre la represión (1921). Entonces se hubieran enterado de que, desde el momento en que se prepara una revolución, la contrarrevolución busca formas de no permitir su puesta en marcha. Tampoco estudió bien Evo ni Álvaro la proclividad histórica de los militares de su país a la traición y golpes militares. El décimo quinto presidente de Bolivia, el general Mariano Melgarejo, llegó al poder a través de un golpe, y entregó el litoral boliviano con todas sus riquezas a chilenos e ingleses escapando finalmente a Chile.

El otro golpista militar, Hilarión Daza Groselle —el décimo noveno presidente—, traicionó a su mentor Mariano Melgarejo por 10.000 pesos y ofreció un pretexto a los chilenos para la guerra del Pacífico (1879-1884). Traicionó también a los peruanos y finalmente desertó y se escapó a París. El trigésimo sexto presidente, German Busch Becerra también militar—, participó en tres golpes y finalmente traicionó a la patria. El presidente general Rene Barrientos llamó inmediatamente a sus jefes de la CIA cuando Che Guevara fue capturado en octubre de 1967 para recibir órdenes respecto a qué hacer con el prisionero.

No es de extrañar entonces que con tantos antecedentes siniestros a través de la historia de los militares bolivianos el ahora excomandante en jefe de la Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Williams Kaliman —egresado de la Escuela de las Américas en 2003 y exagregado militar en EEUU—, traicionase a Evo Morales. Resulta que para el 7 de agosto, cuando Kaliman se declaró antimperialista y partidario de los cambios que estaba aplicando el presidente, ya estuviese comprometido con la embajada norteamericana para realizar un golpe de Estado. El general de la Policía y expresidente de agregados policiales de América Latina en Washington, Vladimir Yuri Calderón, estaba involucrado también en la traición.

El analista Sullkata M. Quilla, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), reveló que Kaliman y otros generales participantes en el golpe recibieron un millón de dólares cada uno y, los jefes de Policía, 500.000. Del pago se encargó Williamson, y se realizó en Argentina en la provincia de Jujuy bajo el auspicio de su gobernador, Geraldo Morales. Pasadas 72 horas del golpe, Kaliman y otros jefes militares y policiales se trasladaron a EEUU a resguardo de cualquier investigación nacional e internacional (TV Mundus, Argentina, 14 de noviembre, 2019).

El pueblo boliviano está pagando con su sangre que Evo pecase de inocente al no tomar en cuenta la experiencia de Hugo Chávez, quien desde el inicio del proceso de cambio logró formar una sólida alianza cívico-militar y crear también los Comités de Defensa de la Revolución Bolivariana. Los adoctrinó en los postulados de Simón Bolívar y los armó con 100.000 metralletas Kalashnikov adquiridas en Rusia. Su seguidor, actual presidente Nicolás Maduro, fortaleció y adiestró militarmente a estos comités. Actualmente ya cuentan con más de 2.000.000 de militantes.

Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) desde la llegada a Hugo Chávez al poder en 1999 fueron reformadas y educadas en el patriotismo igual que su servicio de inteligencia. A pesar de todas estas medidas, solo en 2019 se registraron 47 intentos de de la CIA, la DIA y los servicios de inteligencia de Colombia de captar a oficiales de la Fuerza Armada, como reveló recientemente el presidente Maduro.

Televen de Venezuela informó que se han intentado robar misiles y desarticular el sistema de radares móviles y fijos. Gracias a la actuación de militares patriotas, estos intentos fueron descubiertos y los implicados fueron detenidos. Según Nicolás Maduro, sus "instituciones militares están haciendo una permanente labor de inteligencia" (Televen-Tv, 12 de noviembre de 2019).

Esta permanente labor de inteligencia fue ignorada o no supervisada por el Gobierno de Evo Morales y casi seguro que sus servicios de inteligencia —el SIE y la DIE— ya estuvieran infiltrados por la CIA y DIA norteamericanos. También el Gobierno de Evo Morales descuidó el rol que desempeñaba la mayoría de las ONG en la desestabilización del MAS y de su Gobierno. Según el informe del Resumen Latinoamericano (20 de noviembre 2019), en 2007 hubo 1.800 ONG en el país, de las cuales estaban registradas en 2018 solamente unas 640. Muchas de ellas estaban financiadas por el Gobierno estadounidense a través de la USAID, organización que ha gastado desde 2002 más de 97.000.000 de dólares en promover el separatismo en Bolivia y en financiar la oposición. Tanto gasto de los norteamericanos que hoy ya está recuperado.

Todo el esfuerzo del Gobierno plurinacional de Morales fue dedicado al crecimiento económico y al bienestar social de su pueblo. Descuidó la seguridad de su Estado y se olvidó de que el enemigo tanto interno como externo nunca duerme, esperando su momento. Finalmente llegó en forma de un golpe de Estado y con la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia. Esta presidenta ya recibió por su colaboración con Estados Unidos lo tan anhelado por la mayoría de los opositores: la Green Card, enviada por el mismo secretario de Estado, Mike Pompeo (Aporrea, José Sant Roz, 24-11-2019). Se descubrió también que Jeanine es la perfecta birlocha boliviana (alguien que odia su raza).

Se llamó desde su nacimiento y hasta los 19 años Anahí Ayelén Áñez. Era alguien del más puro origen indígena en la escuela la llamaba Chola, chula, cholita. Con el tiempo y gracias a la beca de la USAID y a su identificación con la religión evangélica, trató de sacar de su cuerpo y de su mente todo lo indígena coloreando su pelo y cambiando el color de sus ojos con lentes de contacto. Logró el título de abogada por correspondencia y a los 38 años ya era directora del canal Total Visión.

Para entender mejor hacia dónde podría llevar a Bolivia esta presidenta y los opositores que la rodean, vale la pena reproducir la respuesta de la presidenta de facto a un periodista extranjero que le preguntó, después de su juramentación, si era racista. Dijo Jeanine que “nunca quise ser presidenta de nada, mucho menos de este país. Por otra parte, que yo sepa, desde que el mundo es mundo toda supremacía ha sido y tendrá que ser blanca. Yo nunca he visto a un Supremo que sea negro o indio, ni siquiera trigueño. El mismo señor Jesucristo es blanco”.

Con un Gobierno de este tipo, lo único que se puede esperar es el retroceso económico, social, político y cultural de Bolivia hacia el pasado, donde la desigualdad, el racismo y la injusticia imponían sus reglas. La Asamblea Legislativa Nacional, cuya presidenta y cuyos dos tercios de representantes son miembros de la MAS, no se atrevieron a seguir la constitución y tratar la renuncia de Evo Morales. Su presidenta, Mónica Eva Copa, logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones.

La Confederación Obrera Boliviana (COB), la Mesa de Unidad y otras organizaciones firmaron un acuerdo con el Gobierno de transición. Según la presidenta de la Asamblea Legislativa, Mónica Eva Copa, "si yo tomara decisión con corazón seguiríamos en guerra. Pero hay que usar la cabeza para que esto se pacifique y no haya más muerte" (Pagina 12, 27-11-2019).

Mientras tanto, la represión sigue su curso y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hizo publicar una lista de senadores y diputados que, en su opinión, fomentan la desestabilización del país. También anunció la creación de un aparato especial de la Fiscalía para detener a diputados y senadores. A la vez, Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la ciudad de El Alto, Yapacaní y el Norte de Potosí siguen con el bloqueo de carreteras exigiendo el fin de la represión.

Lastimosamente, Evo Morales, Álvaro García Linera y los dirigentes de la MAS no hicieron a tiempo lo que Mónica Eva Copa llama "usar la cabeza" para prevenir este siniestro golpe de Estado y proteger tanto la seguridad nacional como los excelentes logros económicos y sociales que logró Bolivia en estos 13 años de Gobierno de Evo Morales. Se olvidaron de que "el enemigo nunca duerme" y, en especial, el enemigo de clase.


Hacia un nuevo espacio neofascista global

noviembre 25, 2019

PEDRO RAMIRO y JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA 


La globalización ha precarizado a grupos sociales que se han visto brutalmente excluidos, generando el bloqueo de la movilidad ascendente y la descualificación de estrato social. Ante el colapso de las sociedades occidentales basadas en el consumo a crédito y en el mito de las clases medias, en el transcurso de una crisis civilizatoria que desarticula las mediaciones político-institucionales, se está produciendo un avance del neofascismo a escala global. Un nuevo régimen vinculado a la profunda crisis que padecemos y que Boaventura de Sousa ha calificado como fascismo social. Así trata de apuntalarse la arquitectura político-económica generada desde el poder corporativo, con el Estado jugando un papel que se balancea entre la complacencia y la complicidad.

DESPOSESIÓN Y NEOFASCISMO

En las últimas décadas, ante las dificultades para impulsar otro ciclo largo de crecimiento económico, las grandes corporaciones han puesto en marcha una ambiciosa estrategia de reducción de costes y expansión a nuevos sectores y nichos de negocio. Dado que el sistema económico corre riesgo de colapsar si no crece de forma continua y que las grandes empresas, en el marco de la competencia en los mercados capitalistas, necesitan aumentar los beneficios año tras año para no quebrar o ser absorbidas por otras, resulta fundamental incorporar constantemente nuevas áreas de negocio a la lógica mercantil. Lo cual se lleva a cabo mediante la expropiación a las mayorías sociales de sus derechos, del acceso a los recursos y de sus medios de vida. Prioridad al valor de cambio frente al valor de uso.

En el neoliberalismo, la mercantilización, la privatización y la financiarización se han convertido en los ejes centrales de la acumulación por desposesión. Lejos de los preceptos de los teóricos neoliberales que preconizan el laissez-faire, se ha aplicado de forma rigurosa la doctrina de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

A escala europea, Grecia y España constituyen ejemplos de manual. En ambos casos, después del enorme trasvase de fondos desde las arcas del Estado a las entidades financieras para evitar su bancarrota, vinieron las recetas neoliberales y los programas de “austeridad” para hacer viable el pago de las deudas. La crisis económica se convirtió en una excusa perfecta para avanzar sin apenas cortapisas sociales ni jurídicas en la privatización de servicios públicos que hasta entonces parecían vedados para el capital. Con el patrocinio de la Unión Europea y las instituciones económico-financieras internacionales, las empresas transnacionales y los fondos de inversión aprovecharon la reapertura de puertas en sectores como el agua, las pensiones, los transportes, las infraestructuras, la educación, la sanidad.

La receta ha sido tan efectiva como poco novedosa; de hecho, apenas ha cambiado desde los inicios del neoliberalismo. Es un guión que se ha venido repitiendo a lo largo de los últimos cuarenta años: flexibilización laboral, privatizaciones de compañías públicas, descenso del tipo efectivo del impuesto de sociedades y de la presión fiscal para las grandes fortunas, disminución del gasto social. En resumen, una gigantesca transferencia de recursos desde las mayorías sociales a las élites político-empresariales.

En este marco, las personas se han convertido en una mercancía más. Se han vuelto prescindibles quienes no participen de la sociedad de consumo o no aporten valorización al proceso de reproducción del capital. En “un capitalismo que parece que se desmorona sin encontrar solución a sus crisis sucesivas, y que hace de hombres, mujeres y niños simple material de desecho”, como recuerda Emmanuel Rodríguez, la violencia se utiliza para distinguir quién puede ser sustituible y quién no. Una suerte de guerra social que no pretende lograr una victoria definitiva, sino que se asienta como un periodo de larga duración. No se trata de una amenaza futura, es la condición sistémica del modelo capitalista y patriarcal del presente.

CONSTITUCIÓN ECONÓMICA

La democracia liberal-representativa y sus instituciones transitan por espacios cada vez más alejados de los verdaderos conflictos globales que se mueven entre la vida y la muerte. El capital y las empresas transnacionales se han lanzado a la destrucción de cualquier derecho que impida la mercantilización a escala global. Si las élites quieren mantener y seguir aumentando sus beneficios, las prácticas contra las personas, las comunidades y la naturaleza se van a ir extremando. El capitalismo, que ha rebasado con creces los límites biofísicos del planeta, se transforma en puro expolio territorial. A la vez, el sistema financiero especula con la propia existencia y dispone de un poder que le permite expropiar lo que ya existe.

Como dice Yayo Herrero, “la economía globalizada asienta el fascismo territorial a partir de la ingeniería social y la racionalidad económica que considera que las vidas y los territorios importan solo en función del ‘valor añadido’ que produzcan”. Eso implica situar la mercantilización de la vida en el vértice de la jerarquía de valores, procedimientos institucionales y normas jurídicas. Y ahí los derechos humanos se van vaciando como categoría sustantiva al perder espacio normativo. Esta tendencia se desarrolla y evoluciona de manera diferente según los países, tiempos, territorios y formas concretas de llevarse a cabo. Pero, nos preguntamos, ¿es solo una mera desviación temporal y coyuntural del sistema democrático con tintes autoritarios? O, por el contrario, ¿se está apuntalando un nuevo espacio neofascista cada vez más institucionalizado y generalizado?

No hay duda de que este espacio no es el mismo de los años treinta o cuarenta del siglo pasado, ya que ahora se vincula con la crisis civilizatoria que atravesamos. En 1933 el Partido Nazi alcanzó el poder por la vía electoral y en apenas dos meses construyó una dictadura. Mussolini pasó de un sistema democrático a una dictadura de una manera más lenta, pero igual de rotunda desde el punto de vista de la creación de un régimen autoritario. El neofascismo actual se diferencia del fascismo clásico en que puede convivir, al menos por el momento, con las instituciones representativas del modelo liberal y con las instituciones jurídicas del Estado de Derecho. Eso sí, vaciadas de contenido y reenviadas a la esfera estrictamente formal. No se necesita sacrificar las contiendas electorales para ir construyendo una arquitectura política sostenida en ideas neofascistas, ya que se genera desde entes privados y desde el poder corporativo.

Es una nueva dimensión que convive con los llamados Estados democráticos liberales. Tras el crash de 2008 se ha ido consolidando la tendencia por la que los gobiernos deben acatar “normas inviolables” que sustraen las reglas del mercado al control de la democracia representativa. Se trata de aprobar y constitucionalizar una serie de límites no negociables por la soberanía popular. De esta manera la democracia se convierte en un procedimiento de designación de gobernantes, cuyas decisiones quedan constreñidas por una armadura jurídica infranqueable al margen de la alternancia electoral. Son normas que permiten al mercado actuar sin límites y garantizar la acumulación de riqueza por parte de las grandes corporaciones transnacionales.

Desde esta perspectiva, se ha instaurado una “constitución económica” que se ha impuesto —en la mayoría de las ocasiones, sin apenas oposición por parte de los gobiernos— a los poderes ejecutivo y legislativo, sometiendo la voluntad popular al sistema económico capitalista. Por su parte, el poder judicial queda vinculado a la interpretación de esta constitución y, a su vez, va transitando de garante de los derechos de la ciudadanía a censor de la soberanía popular. Con todo ello, las instituciones que emanan de la democracia liberal ya no resultan funcionales a los intereses de las élites, y eso abre nuevos espacios de poder y arquitecturas institucionales muy alejadas de los principios democráticos.

La crisis civilizatoria actual conlleva un endurecimiento en la manera de ejercer el poder, pero no puede calificarse automáticamente como fascismo. Son múltiples los ejemplos de endurecimiento de los modelos formalmente democráticos, como es el caso del Estado español con Catalunya o con el encarcelamiento de los vecinos de Altsasu. En Estados Unidos, donde también son habituales los abusos autoritarios, destaca el millón de personas migrantes detenidas en la frontera sur en el último año, lo que genera serias dudas sobre si estas detenciones racistas y a personas pobres son un mero exceso antidemocrático o caminan hacia algo mucho más complejo.

Lo que resulta relevante es relacionar y contextualizar, en el marco de una nueva dinámica global, hechos que el poder político-económico califica como supuestamente aislados y excepcionales. La política de exterminio del Estado de Israel contra el pueblo palestino. El genocidio contra el pueblo rohinyá a manos del ejército y la policía birmana. La “estrategia de integración social” que el gobierno búlgaro quiere aprobar para limitar los embarazos de las mujeres gitanas y cambiar la denominación de las personas romaníes por europeas no nativas. La destrucción social que en México ha provocado la muerte de 400.000 personas, entre 1997 y 2018, a raíz de la violencia que compromete al crimen organizado con la complicidad del gobierno. La existencia de graves vulneraciones de derechos humanos llevadas a cabo en el centro de detención de Guantánamo, en un ámbito institucional. Las periferias urbanas que llegan a convertirse en verdaderos campos de concentración, donde no existe ningún servicio público, ni tan siquiera agua, donde las personas armadas forman parte del paisaje cotidiano. Las violaciones de los derechos de las niñas y niños indocumentados en los centros de detención de EEUU. Las 35.000 personas muertas y desaparecidas en el Mediterráneo en los últimos 25 años —otras fuentes hablan del doble— y el cementerio clandestino de personas migrantes en el desierto del Sáhara de dimensiones incalculables. No son hechos aislados, se cruzan y responden a una lógica global que se configura como un nuevo espacio neofascista, que destaca por su institucionalidad y su construcción escalonada y cada vez más articulada.

NECROCAPITALISMO

En este marco, tolerar lo éticamente intolerable pasa a formar parte de los núcleos centrales de la práctica política. A la vez que la soberanía popular se difumina ante la armadura institucional, el necrocapitalismo —situar la muerte en el centro de la gestión económica y política, no exclusivamente en sus efectos— aparece como categoría global que lo justifica.

En una versión clásica del fascismo estaríamos hablando de una supresión total de los derechos y libertades, y de un ataque generalizado a la disidencia. Estaríamos hablando de guerra civil contra la clase trabajadora y las libertades democráticas. Y de la industria de la muerte, las cámaras de gas, los campos de exterminio, etc. En estos momentos no estamos en ese escenario, pero no resulta extraño sostener que el autoritarismo extremo está dando paso a un nuevo espacio neofascista donde determinadas prácticas se convierten en regla y no en excepción.

Algunas prácticas afectan a la propia configuración de los derechos humanos, como la necropolítica: dejar morir a miles de personas racializadas y pobres. También la fragmentación de derechos según las categorías de personas, las prácticas racistas y heteropatriarcales, los tratamientos excepcionales a determinados colectivos, las políticas migratorias con su muros y fronteras, la trata de seres humanos, las deportaciones en masa, la criminalización de la solidaridad y de la desobediencia civil, la división de la sociedad entre asimilables y exterminables.

Otras destruyen en bloque los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza. Es el caso de la crisis climática y la destrucción de los ecosistemas, los feminicidios de mujeres y disidentes de género, el hambre de millones de personas, los nuevos campos de concentración de pueblos, la persecución y eliminación de la disidencia, el endurecimiento de usos coloniales y guerras de destrucción masiva.

Están, por último, las que afectan al núcleo central de los derechos colectivos. Como la apropiación de los bienes comunes, la explotación laboral, la consolidación de la precariedad en el núcleo constituyente de las relaciones laborales, el trabajo infantil y el trabajo esclavo, la reorganización neoliberal de la producción y la reproducción, las expropiaciones colectivas por medio del pago de la deuda externa, las expulsiones de millones de personas de sus territorios porque las grandes corporaciones se apropian de sus tierras y bienes naturales.

Las élites, los gobiernos y las instituciones económico-financieras no sólo están eliminando y suspendiendo derechos, también están reconfigurando quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Estamos ante una nueva etapa en la destrucción del sistema internacional de los derechos humanos y en la propia definición de la democracia. Una confluencia entre la necropolítica y las prácticas totalitarias, que van transitando hacia un nuevo modelo neofascista. Esto va más allá de la consolidación de la extrema derecha en términos electorales, ya que la feudalización de las relaciones económicas, políticas y jurídicas está colonizando la arquitectura institucional de las democracias representativas. Y, lo que es más preocupante, ha llegado para quedarse.


El capital natural: metáfora peligrosa

noviembre 18, 2019

ALEJANDRO NADAL 


Desde hace tiempo se ha difundido la idea de que estamos destruyendo la naturaleza porque no le hemos puesto un precio a sus diferentes componentes. Según ese razonamiento, el que la naturaleza no tenga precio conduce a la idea de que su destrucción no tiene, por tanto, costo. Y esto es lo que explica el terrible proceso de destrucción ambiental. Si sólo pudiéramos atribuir un precio para todo lo que está en la naturaleza podríamos tener una idea clara del costo económico en el que estamos incurriendo y se evitaría así la destrucción del medio ambiente.

Esta es una idea enraizada en el pensamiento económico tradicional. No sólo está profundamente equivocada. También entraña una amenazadora visión sobre las relaciones entre las fuerzas de mercado y la naturaleza en una economía de producción monetaria.

Vinculada con esta supuesta lógica económica se encuentra la noción de “capital natural”, producto de una de las más insensatas y peligrosas metáforas que se han introducido en la economía ambiental (neoclásica) y en la economía ecológica (que nunca pudo hacer una crítica seria de la teoría neoclásica). Según esta idea, los componentes de la naturaleza pueden ser concebidos como un capital o un acervo que produce “servicios”. Los abogados de esta visión del capital natural proponen utilizar diversas técnicas de “valuación de la naturaleza” para poder asignar a esos servicios ambientales y así tener una medición rigurosa sobre el costo de la destrucción ambiental.

Los defensores de esta metáfora del “capital natural” insisten en que así como se puede apreciar el valor de un acervo de capital en la esfera económica, es posible proyectar el “rigor de la teoría económica” para poder apreciar el valor del capital natural que estamos destruyendo. Lástima que no están familiarizados con la teoría económica. Si lo estuvieran no habrían escogido este camino para tratar de imprimirle “rigor científico” al tema de la valuación de la destrucción ambiental.

De todas las metáforas derivadas de la teoría económica, la más desafortunada es la del capital natural. Entre 1955 y 1970 se llevó a cabo una de las controversias más importantes de teoría económica y fue precisamente sobre la teoría del capital. El resultado de este debate fue contundente: en una economía en la que los medios de producción son mercancías producidas, los precios dependen no sólo de la tecnología de producción, sino también del estado que guarda la distribución del ingreso entre trabajadores y capitalistas. Este resultado fue terrible para la teoría económica que pretendía determinar la tasa de ganancia en la productividad marginal del capital. Para determinar la productividad marginal del “capital” es necesario medir el capital en términos de valor (o precios), pues los componentes del capital son entidades físicas heterogéneas (máquinas, camiones, tractores, edificios) que no pueden ser sumados. Pero si los precios dependen también de la tasa de ganancia, tenemos una circularidad desastrosa: la tasa de ganancia depende de los precios y éstos de la tasa de ganancia. La idea de que se puede medir el capital independientemente de las condiciones de la distribución tuvo que ser abandonada.

Los promotores de la metáfora del capital natural ignoran todo lo que esto implica y con sus “técnicas de valuación de la naturaleza” pretenden medir con precisión económica los componentes de la naturaleza. Desgraciadamente, muchos biólogos y ecólogos profesionales han sucumbido frente al engaño de un supuesto rigor en el pensamiento económico y han terminado por abrazar con gran fervor esta noción de capital natural. Ya podrían mostrar un poco más de precaución al aproximarse a una disciplina de la que no conocen ni la historia ni los conceptos fundamentales, ni los debates teóricos que han marcado su desarrollo.

La noción de capital natural es promovida hoy por poderosos organismos internacionales. El gobierno británico acaba de lanzar una iniciativa sobre la “economía de la diversidad biológica”. Se trata de un informe que estaría destinado a tener la misma resonancia que el Informe Stern, sobre economía del cambio climático, dado a conocer en 2006. Esta vez el estudio será dirigido por Partha Dasgupta, economista de Cambridge que ha sido gran promotor de las ideas de capital natural y de la valuación de los componentes de la naturaleza. El “Informe Dasgupta”, que desde ahora se está promoviendo como documento clave para frenar el deterioro ambiental, será dado a conocer en octubre 2020, justo antes de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica.

La metáfora de capital natural no conduce a una mayor precisión en la medición del deterioro ambiental. Además, no permite analizar los verdaderos motores económicos de la destrucción ambiental. Los que proponen poner precio a todo lo que hay en la naturaleza son como el cínico que nos describe Oscar Wilde, uno que conoce el precio de todo pero el valor de nada.


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